Conflicto entre el MOP y Nuevo Pudahuel
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Señora Directora:
Respecto del conflicto entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y Nuevo Pudahuel, existe a mi juicio un mal entendimiento del asunto.
La concesionaria ha hecho una inversión patrimonial que pretende recuperar en el tiempo, de manera tal que la pérdida de venta es un daño directo que le impide recuperar el patrimonio que destinó a la concesión. Lo único que sería asimilable a la situación del Estado dice relación exclusiva con la pérdida de las utilidades esperadas una vez recuperada la inversión efectuada; en otras palabras, el incremento del patrimonio que pretendía tener como resultado de la concesión.
En el caso del Estado, no existe una disminución patrimonial efectiva, sino simplemente la pérdida de la expectativa de ganar dinero producto de la concesión.
Por lo tanto, las situaciones evidentemente no son equiparables.
Ahora, el problema de fondo dice relación con la flexibilización. Estamos claros que las condiciones de pandemia escapan a cualquier previsión que alguien pudiera haber hecho.
Frente a ello, ¿tiene sentido, bajo el argumento de la inmovilidad de los contratos, esperar que la concesionaria asuma todo el riesgo asociado, por una lógica malentendida de protección al interés público? ¿Se sirve realmente a ese interés si la concesionaria quiebra y nos quedamos sin aeropuerto? A mi entender, la respuesta es no.
Puedo comprender el interés del Estado por no acceder a compensaciones económicas que pueden ser destinadas a otros fines más prioritarios en este momento; sin embargo, no logro entender aún por qué motivo no sería posible cambiar el esquema de las concesiones de plazo fijo, por una modificación extraordinaria de contrato que las lleve a un sistema de plazo variable (que además existe en el marco legal chileno) y que, a través de esta extensión de plazo, le permita a la concesionaria tener la expectativa de recuperar su pérdida a lo largo del tiempo, sin que el Estado tenga que meterse la mano al bolsillo.
Alex Wagemann
Abogado
